El Senado: ¿Una Cámara innecesaria?

Con un presupuesto que supera los 50 millones de euros y con funciones prácticamente nulas, el rechazo a la Cámara alta sigue en aumento entre la ciudadanía. Pero, ¿por qué no desaparece?

Emmanuel Joseph Sieyès, uno de los teóricos de las constituciones de la Revolución Francesa, decía que si una segunda cámara “está de acuerdo con la primera, es superflua; mientras que si no llegan a acuerdos, es perniciosa”. Y parece que el paso de los siglos le ha dado toda la razón. Desde que estallara la crisis, existe un claro debate en la calle: las administraciones públicas tienen que adelgazar para ajustarse el cinturón que los propios políticos exigen e imponen a los ciudadanos.  Y, sin duda, el Senado se ha convertido en objeto de toda crítica junto a las diputaciones provinciales. La pregunta es sencilla: ¿Sirve para algo la Cámara alta? 

Según la Constitución, el Senado tiene funciones políticas, legislativas y de integración territorial, pero son “papeles gregarios, subsidiarios y no diferenciados de lo que también hace el Congreso”, explica Francisco Palacios, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. En resumen, el Senado tiene lainiciativa legislativa junto al Congreso de los Diputados y el Gobierno, pero siempre en subordinación a la Cámara baja, al igual que ocurre con sus funciones presupuestarias y de control político. A su vez, participa en la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y seis vocales del Consejo General del Poder Judicial.  Por último, tiene funciones de integración territorial, aunque siempre que no exista acuerdo entre el Senado y las diferentes comunidades autónomas será el Congreso quien tenga la última palabra. En definitiva, “funciones artificiosas y prescindibles”, afirma Palacios.

Más de 260 senadores

Entonces, ¿por qué mantenerlo? Actualmente, la Cámara alta está compuesta por 266 senadores, elegidos una parte de ellos mediante listas abiertas y otra parte a través de elección directa de los diferentes parlamentos autonómicos. Según recoge la Constitución, los ciudadanos eligen cuatro senadores por provincia, excepto para las islas, donde se eligen tres en las grandes (Mallorca, Gran Canaria y Tenerife) y uno en las pequeñas. Melilla y Ceuta están representadas por dos senadores cada una. Por otro lado, cada parlamento autonómico elige un senador más y otro por cada millón de habitantes de su comunidad. 

Según el profesor Palacios, en el Senado existen cuatro tipos de políticos:

1. Ad Honorem o elefantes, es decir, aquellos que por edad no tienen vitalidad o funcionalidad para la vida política. Este era el caso de Manuel Fraga.
2. Por favores prestados, esto es, aquellas personas que  cumpliendo una función importante en el partido requieren de un parapeto político-económico. El caso estrella, sin duda, fue el de Luis Bárcenas.
3. Por conseguir un complemento económico, como ocurre con el socialista Juan Alberto Belloch que además de senador es alcalde de Zaragoza.
4. Por motivos clientelistas, es decir, aquellos militantes relevantes que hay que colocar en algún sitio. Un buen ejemplo sería el de la socialista Carmen Alborch.  

Es por esta razón que los grandes partidos –ya no solo PP y PSOE, sino también CiU o PNV- se han mostrado reacios a eliminar esta segunda Cámara, alegando siempre una importancia que nadie demuestra. “Si desaparece, los grandes partidos perderían un espacio de colocación administrativa, ya no solo de senadores, sino también de asesores”, asegura Palacios. Por tanto, como muchos expertos arguyen, lo máximo que se conseguirá será alguna reforma que mejore la imagen de esta Cámara de cara a la molesta ciudadanía. De hecho, esto fue lo que sucedió en 2009 con la famosa Cámara de los Lores inglesa, perfecto equivalente del Senado español. La opinión pública manifestó tal rechazo hacia esta arcaica cámara que el Gobierno inglés tuvo a bien su remodelación. “Era un perfecto residuo absolutista que amparaba –y ampara- a miembros natos por razón de nacimiento y adscripción nobiliaria”, añade Palacios. Es, por tanto, “absolutamente antidemocrática”. Aun así, la reforma no sirvió más que para quitarle poder y dejarla en un estado vegetativo muy similar al del Senado español. 

Posibles reformas

Sin embargo, hay voces que rechazan que se elimine el Senado, aunque abogan por una profunda reforma. Este es el caso de Alberto Penedés e Ignacio Urquizu-Sancho, miembros del Instituto Juan March y que en 2007 publicaron un completo estudio para la Fundación Alternativas –think tank cercano al PSOE- donde abordaban esta problemática.  En este informe, defienden que el Senado debe reforzarse para, sin llegar a tener capacidad de veto, poder decidir con autonomía sobre cuestiones territoriales. “El Senado debería tener mayor poder sobre la elaboración de los estatutos de autonomía, las proposiciones de ley de las asambleas autonómicas y los hechos diferenciales”, explican. 

Asimismo, creen que habría que recuperar esa idea que coloca al Senado como una cámara “cualitativamente superior”. Con esto, pretenden que aumente el tiempo de que dispone para estudiar las leyes, especialmente aquellas que abordan cuestiones de tipo moral o que conllevan cuestiones de derechos fundamentales (aborto, eutanasia, relación Iglesia-Estado…), así como aquellas que puedan tener consecuencias sobre varias generaciones, como pueden ser las leyes de carácter ambiental o urbanístico. 

En definitivas cuentas, lo que Penedés y Urquizu-Sancho reclaman para el Senado es mayor competencia territorial y legislativa. Sin embargo, Francisco Palacios, catedrático de Derecho Constitucional, cree que la función legislativa en su variante representativa “debe hacerse en un solo espacio, pues bastante dispendio representativista hay ya con las 17 cámaras legislativas autonómicas”, explica. Aun así, no rechaza que se le otorgue mayor peso en política autonómica, aunque considera que esto solo se conseguiría si existiera una representación simétrica de todo el mapa autonómico, es decir, “que tuviera como función la legislación sobre el sistema de competencias, esencialmente respecto al tema de la financiación”. Solo así, explica, “podría diferenciarse realmente de las funciones del Congreso”. 

A pesar de todo, conseguir este equilibrio en un Estado tan asimétrico es prácticamente imposible, por lo que sacar al Senado de su estado vegetativo actual parece inviable. Por todo esto es por lo que expertos como Francisco Palacios abogan por su desaparición, aunque para ello será necesario que se informe más al ciudadano respecto a lo inane de su existencia, “además de que falta también una estructura político-civil que pueda recoger dicha reivindicación”.

¿Cuánto nos cuesta el Senado?

La gran pregunta que se plantean muchos ciudadanos es cuánto dinero supone para las arcas públicas mantener una institución tan poco efectiva como la Cámara alta. Pues según los presupuestos de 2013, el Senado cuesta a los españoles cerca de 52 millones de euros. Una parte elevada de esta cantidad se emplea en los sueldos de los senadores. Cada senador tiene un salario base de 2.813,91 euros mensuales, pero que se multiplica hasta por cuatro con los 376 cargos remunerados que los 266 senadores se reparten dentro de la Cámara alta. Esto significa que Pío García Escudero, presidente del Senado, gana mensualmente más de 11.200 euros. Además, los vicepresidentes de mesa y secretarios cobran más que sus homólogos del Congreso, superando los 8.500 euros al mes y los 8.100 euros, respectivamente. Los portavoces tampoco se quedan lejos, cobrando más de 7.300 euros mensuales.

Pero, además de estos importantes honorarios, los senadores tienen derecho a dietas (unos 120 euros diarios), pago de kilometraje (0,25 euros por kilómetro), bonos para taxi (más de 3.000 euros anuales), sin olvidar las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios del Senado (6,5 millones de euros), el coste de la traducción simultánea que supera los 10.000 euros por sesión o los lujosos Smartphone que tienen los senadores que, según el último servicio de contratación de telefonía móvil, alcanza las 440 líneas telefónicas y con el compromiso de renovar todos los aparatos a los 24 meses de inicio del contrato por un total de más de un millón de euros al año. A todo esto hay que sumar, cómo no, las injustas pensiones vitalicias de las que disfrutan.

En definitiva, ¿es preciso mantener esta Cámara? En Alemania, por ejemplo, solo hay 100 senadores, mientras que Estados Unidos solo tiene uno por estado. Es más, en países como Suecia, Noruega o Dinamarca esta Cámara de casta privilegiada no existe, por tanto, ¿por qué existe todavía? Muy sencillo, porque los grandes partidos sacan una importante tajada de ella y ya saben que PP y PSOE siempre aplican los recortes de puertas para afuera.

Artículo publicado en melior.is