Ayer detuvieron a un joven de 19 años, víctima de la nueva
Caza de Brujas que el Gobierno está llevando a cabo en las redes sociales,
especialmente en Twitter. Parece que la jugada le ha salido redonda:
causa-efecto. Un ajuste de cuentas acaba con la vida de Isabel Carrasco y el
Gobierno aprovecha la situación para censurar las redes sociales. El cruel
asesinato de la presidenta de la Diputación de Toledo ha servido para que el
ministro del Interior dé rienda suelta a la Policía para que investigue a todo aquel
que ose deshonrar la memoria de esta señora que, para más inri, tenía bastante
más enemigos que amigos, ya no solo entre la ciudadanía, sino en su propio
partido. Parece que el Gobierno se ha cansado de buscar a los verdaderos
criminales para pasar a criminalizar a quienes opinen de manera diferente.
Porque, por mucho que les duela, no están persiguiendo a criminales en
potencia, sino a jóvenes enaltecidos. Pues sí, esos son los nuevos criminales
peligrosos que parecen decididos a atacar a este Gobierno.
Los de los sueldos en B, los cientos de políticos que han
estafado a este Estado ya no importan tanto. Y juez que intente sentarlos en un
Tribunal, juez que será apartado y sancionado. Para el Gobierno y la Policía
son mucho más peligrosos para la democracia quienes señalan con el dedo sus
tropelías. Quienes se acuerdan de sus muertos cada vez que salta a la luz un
nuevo caso de corrupción. Ya lo decía Confucio: “Cuando el sabio señala la
luna, el necio mira al dedo”. Y eso es lo que parece hacer el Gobierno.
Perseguir a quienes ya están hartos de esta situación insostenible. Además,
este tipo de situaciones son caldo de cultivo para la derecha más rancia y
retrógrada. El mismo día del asesinato, y antes de que se supiera nada,
‘periodistas’ como Isabel San Sebastián o Hermann Tertsch acusaron a los
movimientos sociales del asesinato. “El asesinato de Isabel Carrasco NO ES una
venganza personal, sino vinculada al cargo. Quienes defienden los escraches
personales tomen nota!”, decía San Sebastián en Twitter. Pero para estos no hay
censura, nunca la ha habido. Es más, ni siquiera se han dignado a pedir
disculpas. Son inmunes y lo saben.
El segundo, el señor Tertsch, culpó indirectamente al Gran
Wyoming del asesinato: “Wyoming no tiene culpa de la muerte de León. Wyoming
tiene mucha culpa de la degradación colectiva”. Y reiteró: “Que nadie se
engañe, los niñatos descerebrados odiadores que celebran muertes son producto
del muy señorial Lara, vía Wyoming and Co.” Pues bien, para ellos no hay
persecución. La Policía no va a sus casas, no los saca esposados al portal. Eso
solo ocurre con los chavales contrarios al Gobierno, con todos aquellos que
expresan algo diferente a lo que el ministro del Interior quiere escuchar.
En definitiva, el Partido Popular -y también el PSOE- quieren
poner coto a la libertad de expresión en Twitter. Pero no a todas las
expresiones, solo a aquellas que ataquen directamente contra el chiringuito que
se han montado. Fernández Díaz, el ministro del Opus que condecoró a la Virgen
del Amor de Málaga “por sus méritos policiales”, se suma a Gallardón en su
particular lucha inquisitoria. Todo gracias al apoyo incondicional de la
caverna mediática que, ya no es que censuren sus comentarios que incitan al
odio, sino que los defienden y apoyan. Aun así, lo que más me sorprende, es que
muchos de los votantes, simpatizantes y hasta dirigentes del Partido Popular no
son tan sectarios ni tan radicales como algunos miembros de su gobierno, más
escorados hacia el nacionalcatolicismo que hacia el liberalismo que
supuestamente defienden. Y desde aquí les pregunto: ¿Por qué calláis? ¿Por qué
no decís nada? ¿De verdad os entusiasma el giro radical que está tomando este
Gobierno? ¿Os gusta ver cómo la Policía persigue a todo aquel que protesta, que
se queja o que expresa su opinión libremente? El Estado mete el miedo a la
ciudadanía que osa abrir la boca y les está cerrando el pico -como al pajarillo
de Twitter- a base de multas, represión y alguna que otra noche en el calabozo
-o con varios meses en prisión sin condena- como ocurre con Isma y Miguel, que
siguen encerrados desde el 22M. No hay derecho. Este país está corrompido y
parece que quienes no aplaudamos tal nivel de corrupción estamos condenados a
ser perseguidos y vilipendiados.
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